Qué puede pasar con el conductor que el pasado Viernes Santo atropelló a padre e hijo?

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Un especialista en la nueva Ley de Tránsito determinó hoy que el conductor que el pasado Viernes Santo atropelló a dos personas, en la Avenida Independencia, en el Distrito Nacional, ocasionándoles la muerte, podría enfrentarse a una pena de uno a tres años de prisión y una multa de diez a 50 salarios mínimos.

El comunicador Dary Terrero analizó las posibles sanciones que podría recibir Ángel Alcides Pérez Soriano, gerente de servicios de una reconocida empresa automotriz, quien se desplazaba a alta velocidad.

El comentarista de radio y televisión explicó que el artículo 303, numeral 5 de la nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre establece que si un juez determina responsabilidad por la muerte involuntaria de una persona o más, al culpable se le impondría una pena de uno a tres años de prisión y una multa de diez a 50 salarios mínimos.

“A eso se le sumarían los agravantes, es decir, si la persona iba conduciendo bajo los efectos de la droga o bebidas alcohólicas, si iba a exceso de velocidad, si habría violado una luz roja”, destaca el comunicador, experto en la Ley de Tránsito 63-17.

Terrero agrega que estos agravantes pudieran aumentar tanto la pena como lo económico, “ahí el juez se pudiera acoger a la máxima, que son cien salarios mínimos”, aclara el comunicador.
Destaca que en el país no existen precedentes, luego del marco de la aprobación de la Ley 63-17. Aseguró que los culpables de todos los que han muerto después de la aprobación de la mencionada ley no han recibido sanción.

Recordó el caso en el que se vio involucrada una diputada, en el cual falleció una persona, cuya responsabilidad quedó inconclusa.
Además sacó a relucir el tema de resarcir en términos civiles, destacando que es un elemento que se le pudiera agregar.

“En la República Dominicana se debe hacer justicia, partiendo de que son hechos comunes, las muertes a consecuencia de accidentes de tránsito”, añadió Terrero, quien además afirma que la Ley 63-17 manda la creación de tribunales especiales de tránsito, pero que aún no se han creado.

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